La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento aprobado por la ONU en 1948 y que fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue desarrollada después de la Segunda Guerra Mundial para materializar el compromiso de no cometer nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto.
Con esta declaración consensuada, se creó un ideal común para todos los pueblos y naciones y se estableció, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero.
Sobre la base de los logros de la Declaración, entraron en vigor en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos Pactos han desarrollado la mayoría de los derechos ya consagrados en la Declaración, haciéndolos efectivamente vinculantes para los Estados que los han ratificado. Establecen derechos cotidianos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. Junto con la Declaración, los Pactos comprenden la Carta Internacional de Derechos Humanos.
En este contexto, en 1989 se adopta por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente avalado, ratificado por 196 países, entre ellos España.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos supuso un hito que ha inspirado a más de setenta tratados de derechos humanos en todo el mundo, y de hecho sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros y nosotras, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias o en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos.
La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros y nosotras hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos.
A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los gobiernos se comprometen a poner en práctica medidas y leyes nacionales compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a esos tratados. En consecuencia, el sistema jurídico interno proporciona la principal protección jurídica de los derechos humanos garantizados por el derecho internacional. Cuando los procedimientos jurídicos nacionales no solucionan las violaciones de derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos a escala regional e internacional para atender las denuncias individuales y de grupo, con miras a velar por que se respeten, apliquen y hagan cumplir a escala local las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Por este motivo, la promoción y protección de los derechos humanos es una tarea fundamental en cualquier sociedad y la educación y la sensibilización se articulan como pilares necesarios para fomentar una cultura de respeto y comprensión de estos derechos, especialmente en niñas, niños y adolescentes.
Una cultura de respeto a los derechos humanos fomenta la cohesión social promoviendo una sociedad participativa, especialmente en personas en situación de vulnerabilidad social atendidas por el Tercer Sector de Acción Social.